Aunque los subversivos de las Farc violen los derechos humanos y sean asesinos despiadados, secuestradores y extorsionadores, las autoridades no pueden rebajarse al nivel de los bandidos.
Corro el riesgo de volver a ser señalado de antipatriota por publicar este comentario. Al decir la verdad tuve que salir de Colombia en 2001 acusado por colegas de vende patria, cuando la realidad superaba la ficción.
La mentira no es mi fuerte y las cifras son escalofriantes y tenemos que destapar lo ocurrido. Es un deber periodístico.
Hace algunas semanas la Fiscalía General de la Nación de Colombia reveló que tiene documentados 173.183 casos de homicidios y 34.467 desapariciones forzadas, crímenes cometidos por paramilitares. También posee pruebas sobre 1.597 matanzas y el desplazamiento forzado masivo de 74.990 comunidades.
El informe también indica que las confidencias de los paramilitares desmovilizados han permitido hallar 3.037 fosas comunes, en las que fueron encontrados 3.678 cadáveres.
Las confesiones de paramilitares ante la Unidad Nacional de Fiscalías en el programa Justicia y Paz que pretendía la reinserción de estos grupos, conseguirían destapar parte de esta vergüenza histórica.
La matanza entre compatriotas comenzó a mediados de los años 80, cuando el mercenario Yair Klein, especialista en grupos de asalto militar de Israel, fue contratado por Pablo Escobar y hacendados aliados al narcotraficante, para combatir a la guerrilla comunista.
Klein entrenó, en campamentos clandestinos, a soldados, policías y sicarios de los carteles, al grito de “quiero sangre para calmar la sed de venganza”.
Colombia pidió la extradición de Klein para juzgarlo la cual fue negada. Hoy él se refugia en su país natal.
Hay que buscar y juzgar a los instructores, pero también a los 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, 155 funcionarios civiles y alrededor de 7.067 particulares, que presuntamente ordenaron y ejecutaron esta matanza colectiva en Colombia.
Pero hay que buscar con lupa a los que intentan pasar agachados y se encubren en fueros especiales, desde ex senadores y defensores de policías, finqueros y cómplices que aparentaron ser héroes por combatir a la guerrilla comunista, pero en realidad protegían negocios ilegales o sus codicias personales.
Hay que denunciar a quienes patrocinaron las Autodefensas Campesinas, las cuales se metamorfosearon en grupos paramilitares, asociándose con el narcotráfico, convirtiendo su operación en un arma letal contra el mismo pueblo.
Uno de los que deberían ser investigados es Álvaro Uribe, quien promovió las Convivir (otra fachada para encubrir a los paramilitares) y quien, en su gobierno, continuó favoreciendo a ciertos de estos asesinos e intentó absolverlos. En cambio a otros, que sabían mucho sobre su pasado, como Salvatore Mancuso, los extraditó a Estados Unidos sepultando la verdad para siempre en una fosa común de impunidad.
A la guerrilla comunista hay que combatirla con armas legales; con un ejército honesto y valiente. Aunque los subversivos de las Farc violen los derechos humanos y sean asesinos despiadados, secuestradores y extorsionadores, las autoridades no pueden rebajarse al nivel de los bandidos y mucho menos castigar a todo el que huele a izquierda, solo por sospecha, porque no es justo que la gente inocente pague por pecadores.
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