Aunque nadie me va a escuchar voy a hacer recomendaciones. Primero, los indocumentados deben asumir su responsabilidad social y cultural al pisar tierra ajena y respetar las leyes. Segundo, los Estados Unidos, si quieren y necesitan esa mano de obra, deben orientar y educar a esos trabajadores, en vez de fomentar la esclavitud y el abuso patronal. Tercero, se debe promover una amnistía regulada y controlada.
Lo que más me preocupa de ciertos latinos que llegan como inmigrantes indocumentados a Estados Unidos es que creen tener derecho a hacer lo que les de la gana.
Lo que más me molesta de las autoridades gringas, respecto a los trabajadores ilegales, es la doble moral y el apoyo encubierto a los empresarios explotadores.
Hace algunas semanas conocí a Lorenzo Ramírez, residente en Los Lunas, Nuevo México, quien vive un calvario por su número de seguro social. Pero él no es un indocumentado, sino un mexicano trabajador y honesto, que dirige una empresa de construcción legal.
El verdadero Lorenzo ha tenido que pagar los impuestos propios, más los de las ganancias de salarios ajenos de uno o varios “Lorenzos Ramírez” diseminados por toda Norteamérica. Le robaron su identidad.
Esta es una de las consecuencias visibles de la inmigración en este país.
Por un lado, los indocumentados no miden las consecuencias de sus acciones o muchos ignoran el daño que causan al utilizar un número de seguro social falso y por otro, los empresarios se hacen los de la vista gorda, para poder reducir los gastos de producción. Son codiciosos.
La mayoría de inmigrantes llegan a Estados Unidos a contribuir al desarrollo y son el pilar de la construcción de edificios y viviendas, la siembra y la cosecha de cultivos y la manufactura en fábricas. Nutren la base de la economía.
Otra consecuencia visible es el crimen que genera la ilegalidad de los inmigrantes. Un mercado negro de documentos falsos que en ciertos casos ha involucrado a funcionarios gringos en las propias oficinas estatales.
Los indocumentados no pueden obtener licencia de conducir o permiso de trabajo legal. Todo eso hace que algunos estén obligados a comprar documentos clandestinamente.
También ha surgido una violencia multicultural. En ciertas regiones hay enfrentamientos entre comunidades. En una región rural de Iowa, mexicanos y guatemaltecos transformaron los apacibles pueblos campesinos que viven del maíz, en sitios donde protagonizan peleas en bares y calles. Los mexicanos acusan a los guatemaltecos de quitarles empleos.
Ese aumento del crimen en Iowa quizás fue uno de los detonantes para que el servicio de inmigración allanara la planta empacadora de carnes donde trabajaban, en la más grande redada que se haya visto contra indocumentados. Lo increíble fue que en menos de dos días, arrestaron alrededor de 400 personas, las juzgaron y sentenciaron con cargos criminales por usar un número de seguro social falso. Sólo recibieron cinco meses de cárcel porque las obligaron a admitir “su crimen”. Serán deportados a sus países.
Aunque los patrones (abusivos y explotadores) saben que necesitan esa mano de obra, excesivamente barata y por eso nos les importa que se inventen o compren un número de seguro social de otra persona, los anglosajones no quieren tener comunidades peligrosas.
Estas son incongruencias de la política de inmigración estadounidense. Por un lado permite, en forma oculta pero a la vez abierta, que extranjeros trabajen como esclavos. Es una doble moral de los dueños de fábricas, de los patrones de granjas, restaurantes y servicios de limpieza, pero especialmente de los gobernantes locales y federales, que sin lugar a dudas necesitan de muchos “Lorenzos Ramírez” para seguir realizando el trabajo que los gringos ya no quieren hacer.
Esas incongruencias hacen que se favorezca un caos social y financiero y se genere una mayor incertidumbre en la economía de este país en medio de una recesión no aceptada.
Aunque nadie me va a escuchar voy a hacer recomendaciones. Primero, los indocumentados deben asumir su responsabilidad social y cultural al pisar tierra ajena y respetar las leyes. Segundo, los Estados Unidos, si quieren y necesitan esa mano de obra, deben orientar y educar a esos trabajadores, en vez de fomentar la esclavitud y el abuso patronal. Tercero, se debe promover una amnistía regulada y controlada.
Respecto a los “Lorenzos Ramírez” que sufren porque sus paisanos les robaron la identidad, se les debería prestar un apoyo para liberarlos de la carga que ellos han asumido por una política errónea e injusta.
Perseguir a uno y a otro bando no ayudará a cortar el problema. Aunque sospecho que nadie lo quiere arreglar. Ciertos dirigentes y empresarios estadounidenses se hacen los ciegos y sordos, porque los intereses particulares están por encima del bien común.
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