A nadie le gusta que le digan la verdad en la cara. A los colombianos menos y más si se trata de lo que tanto defienden: la imagen en el exterior.
Por eso, pusieron el grito en el cielo cuando el ex presidente Andrés Pastrana denunció que en el país se cometen crímenes de Estado.
Pero lo que no se acuerdan o no quieren recordar es que estas acciones ilegales, que yo llamo pena de muerte sin código penal, no suceden sólo en el gobierno de Álvaro Uribe. Es una práctica que se hace desde la década de los 80, camuflada en la unidad de “operaciones especiales”, adscrita a la Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del ejército.
Las cosas no han cambiado, por el contrario se volvieron cotidianas y patrocinadas por el gobierno.
Uribe, visto como un súper presidente por su acción contra las Farc (lo cual aplaudimos y agradecemos), es sabedor de lo malo que ocurre en los cuarteles y fuera de estos.
Sin embargo, ante la opinión pública el presidente finge no percibirlo, como ciertos colombianos se hacen los de la vista gorda, cuando se denuncia que él promovió a los paramilitares, siendo gobernador de Antioquia, los ayudó para que protegieran su hacienda “El Ubérrimo” y fue favorecido para llegar al poder en una letal alianza en la cual participaron parlamentarios, dirigentes de todo el país y periodistas.
Pastrana se refiere a lo que la prensa, amoldada a términos encubridores, llama “falsos positivos”; en palabras de periodismo serio son crímenes de estado. El truco es mostrar resultados inexistentes de guerrilleros muertos y material incautado.
Los difuntos los recogían vivitos y coleando en la periferia de Bogotá y otras grandes ciudades. Después los trasladaban al campo de operaciones militares. Los “héroes” del ejército, en aras de la defensa de la patria (pero con interés de recibir prebendas o ascensos), disparaban a sus víctimas y después mostraban a los medios de comunicación los cadáveres como resultados “positivos” de la guerra contrainsurgente. De allí el término “falsos positivos”.
La Fiscalía de Colombia tiene evidencia de por los menos 2 mil víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 70 son niños. Por otro lado, hay denuncias del asesinato de sindicalistas, campesinos y gente humilde, acusados de ser comunistas o auxiliadores de la guerrilla.
Que pena me da con los que creen que en Colombia ya no pasan estas cosas. Ocurren estas y peores, con la diferencia que la gran prensa es compinche del gobierno para silenciar la verdad. Una realidad que no debemos ni podemos callar, aunque duela ese dedo en la llaga, porque hay gente inocente que está muriendo y la impunidad rampante se pasea por lo propios pasillos de la Casa de Nariño.
No se trata de preocuparse, como lo dijo el ex presidente Pastrana, por las consecuencias que tendrá que pagar el país en materia de ayuda económica y militar de Washington. Es un asunto más altruista; es de moral social.
Los crímenes cometidos por guerrilleros, como por los paramilitares, son repudiables, pero aún más infames son los ejecutados por autoridades amparadas bajo la ley y la constitución, y excusadas por la indiferencia ciudadana.
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