La guerra civil en Colombia, prolongada por más de 50 años, ha dejado miles de víctimas. Hay cifras tímidas que hablan de 300 mil personas, pero podrían ser más.
Ha llegado el momento en que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le pida a las Farc que paren de matar y agilicen las conversaciones en Cuba.
Es cínico y desvergonzado que sigan asesinando soldados y policías mientras los delegados del grupo rebelde que se autonombran como el ejército del pueblo (dudo que realmente lo sean) no muestran que los diálogos en La Habana conduzcan a un verdadero acuerdo de pacificación.
Siendo yo un optimista consumado he defendido las pláticas porque a la paz hay que darle una oportunidad, pero el pesimismo comienza a envenenar mis pensamientos al recordar lo que han repetido varios de los jefes guerrilleros.
Alfonso Cano, por ejemplo, dijo que “desmovilizarse es sinónimo de inercia; entrega cobarde; rendición”. Raúl Reyes, por su parte, fue enfático en expresarlo de otra manera cuando conversaban en el mandato de Andrés Pastrana: “No haremos la paz en este gobierno, ni en el siguiente, ni en 30 años”.
Las Farc no han parado de matar porque creen que esa táctica los hace fuertes en la mesa de negociación. Lo que no saben estos señores es que por cada policía o soldado muerto, los colombianos dejan de creer más en su buena voluntad. Así es muy difícil que sean el “ejército del pueblo”. No lo fueron, no lo son y no lo serán. Se representan a ellos mismos, un grupo de idealistas que tergiversaron sus ideales volviéndose bandoleros.
Las Farc han mentido antes. Jorge Briceño, “el mono Jojoy”, me confesó en vida que se equivocaron al atacar pueblos con cilindros de gas donde murieron civiles, frente a mi pregunta de que si eran el ejército del pueblo por qué mataban al pueblo. Desde entonces se ha comprobado que el propósito de enmienda de Jojoy resultó falso y cientos de colombianos civiles han sido víctimas de la criminalidad de las acciones de las Farc.
Comprendo el recelo de ellos. Durante el proceso de reconciliación del gobierno de Belisario Betancur, después de que el Congreso aprobó en 1982 una amnistía, las Farc formaron el movimiento político Unión Patriótica –UP- cuyos líderes fueron exterminados en una alianza letal entre narcotraficantes y la unidad de “operaciones especiales” del ejército que se convirtió, en aquella época, en el peor enemigo de la paz. Miles de guerrilleros y militantes civiles, entre concejales, alcaldes y candidatos presidenciales fueron asesinados, lo que calificaron organismos internacionales de Derechos Humanos como un genocidio.
No cabe duda que los colombianos también tienen temor frente a lo que pudiese pasar en el país si se firmara el acuerdo y estos guerrilleros con probados nexos con el narcotráfico, y siendo secuestradores y asesinos osados, conquistaran el Congreso y hasta el poder ejecutivo, teniendo un ejemplo tenebroso en Venezuela, cuando golpistas del ejército con ideales comunistas han arruinado la nación vecina, con un propósito de revolución bolivariana muy parecido a los planes de las Farc.
¿Se debe tomar el riesgo de exponer la democracia por la paz? Lo que sí es válido reflexionar es que la guerra no es negocio para los ciudadanos colombianos. La guerra es negocio para los guerrilleros, los narcotraficantes y hasta para los militares que reciben grandes subsidios con el propósito de “poner el orden”.
La guerra civil en Colombia, prolongada por más de 50 años, ha dejado miles de víctimas. Hay cifras tímidas que hablan de 300 mil personas, pero podrían ser más.
Por ahora no nos hagamos tantas ilusiones de que la guerra vaya terminar, porque haya acuerdo o no, las Farc no se rendirán entregando todas las armas, como descaradamente lo dijeron sus líderes en el pasado y tampoco cederán tan fácilmente los grandes beneficios de la industria de la guerra, incluyendo el narcotráfico.
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