Humberto Leal esperó la muerte durante 16 años y quizás se fue inocente, de acuerdo a su abogado, quien argumenta que si le hubiesen practicado pruebas de ADN ahora, se podría haber echado el caso abajo.
Presenciar la muerte de otro ser humano es lo más deprimente que puede uno ver y sentir.
En varias ocasiones vi agonizar a personas cerca de mi y una vez, militares colombianos ejecutaron, sin juicio legal, a un guerrillero mientras yo y mi camarógrafo, observábamos escondidos entre matorrales temiendo que nos descubrieran.
Matar es malo; no es bueno para el espíritu y ver morir tampoco. Matar es pecado según la Ley Mosaica y nadie tiene el derecho de quitar la vida, ni siquiera porque un código humano lo dispone así.
Cuando el gobernador de Illinois, Pat Quinn, en marzo pasado decretó la suspensión de la pena capital, convirtiendo ese Estado en el número 16 en suprimirla, dijo algo que deberían reflexionar los políticos de este país: “Nuestro sistema está roto y no puede garantizar la justicia en todos los casos”.
Estados Unidos ejecutó el año pasado a 46 presos, menos de la mitad del año récord de 1999, con 98 reos.
Les voy a relatar el caso más reciente, el de Humberto Leal, quien fue castigado con la muerte el jueves 7 de julio al caer la tarde. Él tenía varios puntos en contra: era mexicano, cometió un delito monstruoso (supuestamente violó a una jovencita de 16 años y la mató) y el crimen fue en Texas, donde la pena de muerte pareciera una recreación que ansían ver con sed de sangre.
No valieron los pedidos del presidente Barack Obama, de la ONU y de México, para que el Estado de Texas retrasara o bloqueara la ejecución.
De acuerdo a Amnistía Internacional, el asesinato de Leal es un desafío a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, porque no se acató el fallo conocido como Caso Avena, que ordenó revisar los expedientes de 51 mexicanos sentenciados a pena capital.
Si damos un vistazo al sistema de justicia y penitenciario de los Estados Unidos, encontramos grandes fallas. Algunas leyes parecen incoherentes y excesivas. Otras muy permisivas, con tendencia a ser tan blandas que una persona como Casey Anthony, fuera declarada no culpable de haber asesinado a su hija de 2 años, decisión que escandalizó a muchos estadounidenses al finalizar la primera semana de julio.
Quienes son condenados, una vez llegan a las cárceles, podría decirse que los despojan de sus derechos humanos. En este país las prisiones son un negocio privado, en donde tratan peor que animales a los “clientes”; a muchos los aíslan de sus familias bajo un régimen humillante. Un ejemplo es el de Arizona, cuyo Sheriff Arpaio alimenta a sus prisioneros, la mayoría hispanos, con productos vencidos.
No existe el sistema de readaptación social, porque el reo es un número que vale dinero para el gran negocio particular.
Humberto Leal esperó la muerte durante 16 años y quizás se fue inocente, de acuerdo a su abogado, quien argumenta que si le hubiesen practicado pruebas de ADN ahora, las cuales nunca se realizaron porque las autoridades de Texas se negaron, se podría haber echado el caso abajo.
Pero nadie cedió porque la diversión debe seguir y así lo entendió Leal, quien, tras gritar dos veces “Viva México”, invitó a los guardias a hacer “que el espectáculo continuara” y 10 minutos después que le aplicaron la inyección letal, se fue.
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