Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, comenzaron a caer cuando Guillermo Pallomari, el contador de la organización, se sintió acorralado y delató a sus patrones.
El testimonio de Pallomari sirvió para condenar a los capos a 30 años de prisión en cárceles estadounidenses.
Por eso suena extraño que sus herederos, llamados por las autoridades y la prensa colombiana como “segunda generación”, hayan cometido el mismo error: confiar en el contador. Por lo menos 30 personas relacionadas con los Rodríguez, entre ellas una hermana y tres hijos de Gilberto, fueron detenidas la última semana de febrero, acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La evidencia la obtuvieron de Gustavo Hernán Romy Verges, hoy protegido en Miami, a quien rotulan como “administrador de los bienes ilegales de la Familia”.
Indudablemente, el talón de Aquiles de los narcos ha sido siempre la contabilidad. En el pasado el FBI sólo pudo armar casos contra las mafias italianas, basado en confidencias de los tenedores de libros.
Sin embargo, en el asunto de los herederos de los Rodríguez podría estarse gestando una cacería de brujas.
El gobierno de Álvaro Uribe, persigue a los mafiosos de Cali con saña, ignorando otros carteles de la droga en auge en Bogotá y Medellín. Incluso las autoridades se hacen de la vista gorda con antiguos narcos, aliados de políticos de Antioquia, el departamento de donde es originario el mandatario y también han desconocido a parientes o amigos cercanos del propio gobernante, evidentemente cómplices de acciones narco-paramilitares.
Por otro lado, es cierto que las autoridades están incumpliendo un acuerdo en el cual le prometieron a la familia Rodríguez dejarle una propiedad a cada uno para vivir con dignidad. Ese pacto fue hecho en una corte de los Estados Unidos.
Sin embargo, también se dice que los Rodríguez Orejuela ocultaron reservas multimillonarias en los países llamados “tigres asiáticos”, donde narcotraficantes y políticos corruptos de América Latina esconden la plata mal habida.
A los “herederos” (majaderos si siguen narcotraficando) se les acusa de esconder bienes por 30 millones de dólares, suma ínfima de acuerdo al capital real de 12 mil millones de dólares que, según fuentes de la DEA, guardaron en cuentas secretas del mundo.
Habría que preguntarle al “administrador de los bienes ilegales” de ellos quién tiene acceso a esas cuentas y quién se va a guardar ese dinerito. Porque vendría bien la plata para combatir la drogadicción galopante, en especial en las escuelas de los Estados Unidos, donde venden marihuana y cocaína en los recreos y en los sanitarios como golosinas.
Lo fastidioso de esta historia es que se comprueba otra vez, que a los estadounidenses lo que más les preocupa es el dinero que se fuga a los países latinoamericanos y quieren recuperarlo. Poco hacen por combatir la adicción en su propio suelo.
Si hay pruebas contundentes de que los “herederos” de los Rodríguez ocultaron bienes, que los entreguen, pero que no se les persiga injustamente, porque los hijos y nietos no pueden ser responsables de los errores de sus padres y abuelos, a menos que hayan sido cómplices del negocio maldito.
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