Comienzo a sospechar que tras la extradición de los paramilitares colombianos a Estados Unidos hay truquitos y maromas.
Se me llena la mente de suspicacia cuando el presidente Álvaro Uribe, en el momento en que los paramilitares comenzaron a develar la cercanía con el gobierno, resolvió entregarlos por narcotráfico y no castigarlos en su país por crímenes de lesa humanidad.
Uribe fue promotor y auspició las llamadas Cooperativas de Seguridad Ciudadana –Convivir-, cuando ejerció como gobernador de Antioquia (1995-1997) y ayudó para que esas organizaciones, al ser cuestionadas, se transformaran en “Autodefensas Unidas de Colombia” –AUC-.
Las “Convivir”, fundadas como un medio para denunciar a la guerrilla, torcieron su rumbo y se metamorfosearon en paramilitares, convirtiéndose en los jinetes de la muerte.
Fueron financiadas por ganaderos y empresarios, pero también, por narcotraficantes, legitimando sus catervas de asesinos que, al perseguir guerrilleros, mataron sin compasión a inocentes campesinos e indígenas, con un objetivo: apoderarse de las tierras productivas, donde fortalecieron el negocio del narcotráfico.
Los paramilitares son responsables de gran parte de los desplazados por la violencia en Colombia. La cifra supera 3 millones y medio de personas que abandonaron sus tierras huyendo de la muerte. Persecución de la que, igualmente, es culpable la guerrilla, a la cual tampoco se le puede perdonar.
Entre los extraditados en mayo pasado, está Salvatore Mancuso, junto a otros 13 cómplices, acusados y confesos de genocidio y crímenes atroces.
Este es uno de los más recientes capítulos de esa historia catastrófica del paramilitarismo, episodio que comenzó al destaparse la verdad, cuando se reveló un pacto secreto, firmado en julio de 2001, entre candidatos al Congreso, dirigentes y paramilitares. Pretendían establecer una dictadura de derecha, planeando la reelección del siguiente Presidente. En el acuerdo se estipuló que una vez en el poder iniciarían negociaciones de paz.
Cuando asumió Uribe sus actos parecieron confirmar la promesa: iniciaron diálogos; establecieron una zona donde los paramilitares se instalaron y cientos entregaron armas; parecía llegar el fin de esa historia infortunada, hasta que se desenmascaró la existencia del pacto y Uribe tuvo que encarcelarlos.
Entonces, surgió la “Ley de Justicia y Paz”, un proyecto que aspiraba castigar levemente a los paramilitares y compensar con dinero y tierras a los familiares de las víctimas.
Pero, Mancuso y sus hombres sintieron traición y lanzaron acusaciones desde la cárcel, amenazando con destapar más secretos. Sus extradiciones fueron vistas como una manera de taparles la boca.
Lo inaudito es que, cuando llegaron a Estados Unidos, comenzaron a hacer acuerdos con la justicia; confesaron que exportaron cocaína y prometieron entregar bienes y dinero. Gracias a esto, pagarán castigos menores a los que tendrían en Colombia. A los gringos les importa más los dólares que pierden del narcotráfico y no los “muertitos ajenos” que deja esa lucha en los países productores.
Sin embargo, las condenas en Colombia tampoco serían altas porque la “Ley de Justicia y Paz”, de igual forma, establece acuerdos por confesión y entrega de bienes.
Esta semana, Uribe expresó disgusto por esas irrisorias condenas en Estados Unidos. Tarde para exigir. Debió pensarlo y reclamarlo antes de la extradición.
Uribe ha sido un gran estadista y tiene acorralada a la guerrilla; ha dado esperanza a muchos colombianos; mejoró la economía de los ricos y poderosos, pero en su gobierno siguen sucediendo crímenes políticos contra sindicalistas, obreros y campesinos y ha tapado la verdad del presente y del pasado del paramilitarismo: miles de asesinatos, decenas de matanzas colectivas y despojo de tierras y propiedades.
La cúpula del partido de Uribe ha sido encarcelada por supuesta complicidad con esos asesinos. Un primo suyo responde ante la justicia por lo mismo y por lo menos 30 congresistas están presos de un total de 63 investigados.
La extradición a Estados Unidos y el acuerdo con la justicia por narcotráfico es una burla contra los familiares de las víctimas asesinadas, contra la sociedad civil y es olvidar a los muertos.
¿Qué deben hacer los colombianos? ¿Silenciarse y olvidar la atrocidad de los jinetes de la muerte, por el hecho de que Uribe ha dado ilusión al pueblo? ¿“el fin justifica los medios”?
No estoy de acuerdo. Todos los culpables deben pagar.
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