Durante décadas, prácticamente sin ayuda, los habitantes de San Andrés y Providencia, en el Caribe, han luchado para que invasores ricos, narcotraficantes e inversionistas de dudosa procedencia, no dañen estas islas.
Rasgándose las vestiduras como viudas que han sido infieles, los políticos colombianos lloran por la pérdida del mar territorial en los alrededores de las islas de San Andrés y Providencia, cuando ellos durante décadas miraron con desdén y hasta con apatía esa propiedad en ultramar.
Después de 32 años de litigio, la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, prácticamente le dio la razón a Nicaragua que, en 1980, desconoció de forma unilateral un tratado firmado en 1928 que le daba a Colombia el derecho de esa zona hasta el paralelo 82.
En 2007, la corte resolvió parte del dilema, ratificando que las islas de San Andrés y Providencia eran colombianas, pero quedaron pendientes 7 cayos, que parecen insignificantes, pero su porción marítima es una valiosa riqueza para la pesca (Atún, langosta, camarón, caracol y otras especies) y con probabilidades de ser una suculenta zona para la explotación petrolera y mineral.
Estas islas, islotes y cayos en el mar Caribe, siempre fueron descuidados por el gobierno central y ni siquiera hubo políticas de impulso y tecnificación pesquera, por esa razón sus habitantes, quienes se sienten enteramente colombianos, muchas veces reprocharon y denunciaron esa indiferencia estatal.
Sin embargo, ahora ha surgido un espíritu nacionalista con falsos orgullos y algunos hasta piden desconocer el fallo, como el ex mandatario Álvaro Uribe, quien con su estilo camorrista (Cuando en el pasado dijo que la decisión de La Haya había que acatarla), pretende instigar al presidente Juan Manuel Santos a una confrontación, lo cual sería adverso, no solo contra el derecho internacional, sino por la imagen de Colombia en el exterior que tanto preocupa a mis paisanos, generando un ambiente bélico inapropiado, peligroso e injusto para los humildes pescadores y los ciudadanos raizales de esas islas.
Albert Einstein decía que “el nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad”.
Está bien que el gobierno proteste y busque soluciones legales, pero desobedecer a la misma corte que fue convocada por el Estado colombiano para mediar en este diferendo, es inaudito y falaz.
Durante décadas, prácticamente sin ayuda, los sanandresanos han luchado para que invasores ricos, narcotraficantes e inversionistas de dudosa procedencia, no dañen estas islas. Los ciudadanos han defendido solitos el equilibrio ecológico, ahuyentando los planes extranjeros de explotación petrolera o mineral.
Pero, las intenciones de Nicaragua no solo son defender a los humildes marineros suyos que durante décadas han sido lesionados económicamente por la fuerza naval colombiana, (como también lo padecen los pescadores colombianos por parte de la flota nicaragüense), sino, beneficiarse de los eventuales recursos millonarios en hidrocarburos. Ni corto ni perezoso el gobierno de Daniel Ortega, azuzado por Hugo Chávez, a las pocas horas del fallo, anunció que comenzarán las exploraciones petroleras lo más pronto posible.
El impacto ambiental podría ser de proporciones catasfróficas para las islas y los cayos colombianos y por ende para los miles de pescadores artesanales de ambas naciones, quienes al final son los más vulnerables y castigados por los límites fronterizos.
Con este que pareciera un fallo salomónico, lo único que ha hecho la Corte Internacional de Justicia es avivar rencillas y odios entre dos pueblos hermanos.
Esperemos que la cordura impere de parte y parte y que se piense primero en las personas, verdaderas dueñas de ese mar y de esas tierras.
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