Ese cuentico de que ciertos culpables quedan libres por tecnicismos legales es una monstruosidad jurídica.
Siempre he creído que la justicia no puede ser imprecisa y a veces ambigua, porque se presta para juzgar a conveniencia. Los acusados o son culpables o son inocentes. Las pruebas son válidas contra todos o contra ninguno.
El ejército colombiano bombardeó el 1 de marzo de 2008 un campamento guerrillero de las Farc en territorio ecuatoriano, donde murió Raúl Reyes, uno de los comandantes subversivos. A los pocos días el gobierno de Álvaro Uribe reveló que en los computadores y tarjetas de memoria del rebelde, se descubrieron intercambios de mensajes con periodistas y políticos, que evidenciaban una confianza más allá de lo normal.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia desestimó esas pruebas, lo que ha causado una confusión tremenda en la opinión pública y un debate entre juristas que defienden teorías que se contradicen.
Algunos piensan que si no son válidas, tendrían que cerrarse los casos, por ejemplo, el del periodista William Parra, quien tiene orden de captura. También deberían devolverle la curul a la senadora Piedad Córdoba.
En el caso de Parra, si lo que hacía era ejercer su profesión, sin haber sido cómplice de los violentos, correspondería respetarle las fuentes informativas para que ejerza la libertad de expresión. Pero la fiscalía dice tener evidencias contra él y es acusado del delito de rebelión, financiación y concierto para financiar terrorismo.
En el caso de la senadora Piedad, quien repite sin cesar que su misión es la paz y la liberación de secuestrados, los “análisis” preliminares de los correos de Reyes, indican que pudo haber ejercido como consejera y estafeta, por eso la procuraduría la destituyó y le prohibió ejercer cargos públicos.
Siguiendo con el dictamen de la Corte, tratando de aliviar la crítica, los magistrados enredaron más el tema. Dijeron que la legitimidad de la operación militar, que concluyó con la muerte de Reyes y la confiscación del material, “no se ha puesto en duda. Lo que argumenta es que las pruebas no fueron obtenidas por policías judiciales sino por soldados y en el exterior, donde no hay competencia legal.
Ese cuentico de que ciertos culpables quedan libres por tecnicismos es una monstruosidad jurídica.
Pero hay algo peor: la Corte dice que lo visto por los magistrados fueron archivos de Word y no mensajes como tal. “Los que se han llamado ‘correos electrónicos de Reyes’ en realidad se desconoce si lo fueron, pues no se hallaron en un navegador o red de transmisión de datos”, explican.
Si fueron falseados, hay que investigar a los que presentaron esas evidencias como ciertas y a los que encubrieron el acto. Recordemos que la Interpol, en 2008, aseguró que el contenido de los computadores de Reyes no fue manipulado y podía usarse como prueba judicial.
Por otro lado, es un asunto moral. Las Farc, es un grupo que dejó de luchar por el pueblo (si es que alguna vez lo hizo), perdiendo su ideología, volviéndose narcotraficante y con frecuencia terrorista.
Quienes hayan cooperado para que estos delincuentes hagan fechorías tienen que ser sometidos a la ley, porque miles de colombianos han muerto en aras de una lucha ajena y estéril. Pero tienen que mostrar pruebas reales contra los acusados.
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