Hay personas que piensan que la “mano fuerte” para combatir a los guerrilleros y terroristas es la fórmula más acertada para dar “tranquilidad a la sociedad”. Creen que se deben utilizar los mismos métodos de violencia sanguinaria que emplean los delincuentes porque “el fin justifica los medios”.
Conozco a peruanos que se indignaron por la condena de 25 años de prisión contra el ex presidente Alberto Fujimori. Lo acusan de violación a los derechos humanos en la década en que gobernó a su país.
Los defensores afirman que fue uno de los mejores mandatarios de esa nación suramericana y que sus acciones merecían respaldo porque era la única forma de acabar con el terrorismo.
Perú enfrentaba una de las peores épocas cuando el grupo Sendero Luminoso arrinconó a los ciudadanos que temían salir a la calle.
Lo mismo pasó con Augusto Pinochet, quien ordenó eliminar a los comunistas, apoyado por ciertos sectores chilenos. Actualmente sucede con Álvaro Uribe, en Colombia, que tendrá que dar explicaciones en el futuro sobre los sindicalistas, profesores y campesinos, desaparecidos o asesinados en su gobierno.
Hay personas que piensan que la “mano fuerte” para combatir a los guerrilleros y terroristas es la fórmula más acertada para dar “tranquilidad a la sociedad”. Creen que se deben utilizar los mismos métodos de violencia sanguinaria que emplean los delincuentes porque “el fin justifica los medios”.
Cuando de la guerra de guerrillas se pasa a una ofensiva brutal contra todo el que sea o parezca comunista, se pierde el control, la razón y el respeto por la vida humana.
No se puede dejar de reconocer que Fujimori, como dijo en su defensa, pacificó y estabilizó a Perú, acabando con Sendero Luminoso, dando seguridad y estabilizando la economía. Pero, para los peruanos que están satisfechos con la condena, lo que hizo bueno Fujimori con la mano lo borró con el codo.
Es imposible ignorar que bajo su mandato hubo desafueros y abuso de autoridad por parte de militares que enarbolaron la bandera patria justificando los crímenes amparados bajo la ley y la constitución.
Aunque detrás estuvo Vladimiro Montesinos, ejecutor escabroso del servicio de inteligencia, Fujimori no podía quitarse el pecado como sacudiéndose la caspa de los hombros. Si dio órdenes ambiguas o disfrazadas para que, a su vez, el colaborador las transmitiera a los oficiales del ejército, es tan culpable como los que apretaron el gatillo. Su deber era detener las matanzas.
Los que poseen la autoridad del Estado, a quienes los ciudadanos delegan la función de su defensa y su protección, no pueden secuestrar, torturar y matar para cumplir esa misión.
Por otro lado, la condena podría ser un arma de doble filo para quienes luchan contra el terrorismo o los que son acusados de crímenes de Estado.
En primer lugar los gobernantes tendrán que ir con pies de plomo al enfrentar al enemigo. En segundo término, ¿qué pasará con otros casos?
Si en los próximos meses el tribunal de apelaciones resuelve condenar definitivamente a Fujimori, las cortes tendrán que valorar el asunto del Presidente Alan García, señalado como responsable de la muerte de cerca de 200 presos senderistas amotinados en dos cárceles de Lima, en 1986.
En medio de todos los debates que suscita la condena, muchos alegan que al penar a Fujimori triunfa la izquierda, pero no es así. Es una victoria de los derechos humanos.
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