¿Es traición al pueblo querer servirlo desde una posición diferente? ¿Se engaña a los votantes al renunciar a un cargo de elección popular para aspirar a otro?
Son preguntas que flotan en el aire ante lo que ocurre en Honduras, especialmente por el último suceso cuando, el martes pasado, el vicepresidente Elvin Santos irrumpió en el Congreso formando un zafarrancho, para renunciar y tener la oportunidad de aspirar a la candidatura del partido liberal.
Entrar así no fue la mejor decisión porque rompe con la democracia y creo que los actos violentos y de fuerza no se deben tolerar bajo ninguna circunstancia, pero, viéndolo desde otra óptica, a Santos también le están violentando su derecho a ser elegido. Usan otro tipo de fuerza para obstruirle el camino.
En agosto pasado, el Tribunal Supremo Electoral –TSE-, lo inhabilitó para llegar a la presidencia porque, de acuerdo al fallo, ya ejerció ese cargo. Santos niega que haya sido titular del Ejecutivo.
Después, la Corte Suprema de Justicia, resolvió declarar inconstitucionales dos artículos de la Carta Magna, restableciendo la figura de los tres designados presidenciales, que no pueden aspirar al poder Ejecutivo. Ratificó la inhabilidad de Santos.
Arrinconado por ese aparente complot, fue cuando resolvió renunciar ante el Congreso, pero los diputados no lo escucharon y aprobaron, a puerta cerrada, un decreto legitimando las actuaciones del TSE y no aceptando su dimisión.
¿Está el presidente Manuel Zelaya detrás de todo esto? Las diferencias entre Zelaya y Santos, comenzaron desde los primeros días en que asumieron el poder. Al vicepresidente lo mandaron a trabajar a otro edificio, negándole una oficina en el palacio de gobierno.
Santos ha sido el abanderado de varias cruzadas contra políticas de Zelaya que considera equivocadas. Por ejemplo, su oposición al Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas), un plan solapado de Hugo Chávez para enfrentar a su enemigo imaginario: Estados Unidos. Aunque lo vendan como la panacea, no es un buen recurso para los países que lo suscribieron.
Santos, acusó al gobierno de haber dado un millón de lempiras a diputados a cambio de la aprobación del Alba. Si eso fue cierto, el pueblo, al que tanto ensalzan cuando necesitan manipularlo, debe cobrar en las urnas esa supuesta trampa.
Esos amoríos peligrosos que Zelaya tiene con la izquierda latinoamericana, no son saludables para Honduras.
Algunos creen que ha utilizado el poder, como lo hace Chávez en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, con el propósito de cerrarle las puertas con candado a Santos y así perpetuar un régimen que podría estar escondiendo el totalitarismo, a través de una candidatura de su conveniencia, como lo podría ser Roberto Micheletti, el otro aspirante del partido liberal, actual presidente del Congreso.
¿Por qué le tienen miedo a Santos? ¿Por qué no lo dejan competir democráticamente? ¿Hay una conspiración para cerrarle el paso a la presidencia? A muchos les preocupa lo que ocurre en Honduras, pero la comunidad internacional parece hacerse de la vista gorda. Es evidente que hay una persecución política y hay que denunciarla.
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