No hay nada más saludable para una democracia que una prensa autónoma y garante de la justicia, pero con responsabilidad social y humana.
Un régimen “democrático” que controle y amenace con sancionar a los medios de comunicación por decir la verdad, no es democrático. Una sociedad que permita que la prensa se someta a guardar silencio, se vuelve cómplice por omisión.
Latinoamérica atraviesa por épocas difíciles para quienes ejercen el oficio de periodista. Los que generan opinión y defienden la libertad de prensa con responsabilidad, sienten una mordaza apretando su boca.
Han pasado varios días y es poco lo que se dice y se hace con respecto a la ley establecida en Ecuador por el régimen de Rafael Correa.
El plan es una variante de la censura, control y persecución a los medios de comunicación por parte del chavismo venezolano, donde el gobierno, en representación del Estado, mantiene bajo amenaza la libertad de expresión.
El presidente Correa, respaldado por una gran parte del pueblo que parece estar a gusto con su estilo socialista, ha resuelto atar las manos y amordazar a los periodistas con esa ley que será usada para alinearlos al régimen.
El Consejo de Regulación de Medios, tendrá atribuciones en materia de acceso a la información y la Superintendencia de Comunicación, se encargará de “vigilar, auditar, intervenir y controlar” la actuación de la prensa.
Estas leyes fiscalizadoras y censuradoras, incluyen figuras como la del “linchamiento mediático”, que consiste en castigar “ataques” que “menoscaben” la imagen de personas e instituciones.
Es cierto que algunos medios de comunicación en ocasiones se exceden, convirtiéndose en juez y parte y juzgan en la picota pública sin considerar el lado humano de los implicados, pero, el deber del gobierno es garantizar la libertad de expresión. Quienes integramos el Estado, debemos ser informados con claridad para estar enterados de lo que sucede en su país. Eso es libertad.
Por otra parte, los ciudadanos no son bobos para dejarse meter atole con el dedo o permitir engaños, más aún ahora cuando las redes sociales marcan la pauta de las noticias. Los hechos a diario están siendo registrados por periodistas ciudadanos a través de Twitter, Facebook e Instagram. Los gobiernos no tienen el poder para censurar a esos reporteros urbanos.
Quien ejerce el periodismo oportunista o revanchista será juzgado por la propia sociedad. Un periodista que se excede o se equivoque es rápidamente cuestionado por esa masa de corresponsales espontáneos.
Otro frente de la epidemia de intervención estatal contra la información en Latinoamérica, es la compra, por parte de los regímenes, de canales de televisión, periódicos y emisoras, a través de terceros o descaradamente adquiridos por quienes gobiernan el Estado. Es una práctica al estilo cubano, seguida por el chavismo en Venezuela y copiada por el sandinismo en Nicaragua. Daniel Ortega, controla medios de televisión, Internet y emisoras de radio. Se sabe que algunos han sido adquiridos con fondos de la cooperación venezolana.
Otros usan la amonestación. En Perú, el presidente Ollanta Humala, comenzó a echar indirectas. Hizo un llamado a la prensa, argumentando una “campaña de valores”, para que destinen 15 minutos a dar noticias positivas del país. Su gobierno sería el fiscalizador.
También usan la asfixia financiera, la intimidación laboral y emplean los poderes públicos controlados por el sistema, como la rama judicial, para censurar y linchar moralmente, todos amparados con la bandera de proteger la democracia.
Es recomendable que la sociedad vigile y defienda la libertad de expresión porque si no lo hace, vendrán tiempos más oscuros.
Recuerden que no hay nada más saludable para una democracia que una prensa autónoma y garante de la justicia, pero con responsabilidad social y humana.
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