Frente a estos números escandalosos, a mediados de agosto, un grupo de diputados propuso una ley para elevar los castigos a quien promueva o facilite la explotación sexual de menores. Se hicieron cambios en el Código Penal Federal mexicano, modificando la anterior condena que era de 7 a 12 años, por la de 12 a 16 años de prisión, obligando al culpable a recibir un tratamiento siquiátrico.